CAR aprueba histórico freno a la urbanización descontrolada para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y los municipios bajo su jurisdicción
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“La CAR fija límites más estrictos a la suburbanización en Bogotá y Cundinamarca, priorizando la conservación ambiental y la protección de los suelos rurales estratégicos.” Foto: CAR
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un acuerdo que fija condiciones más estrictas para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y los municipios bajo su jurisdicción. La medida, considerada histórica, busca enfrentar el crecimiento desordenado que ha presionado el agua, los ecosistemas estratégicos y la sostenibilidad ambiental del territorio.
El acuerdo establece:
- Umbrales máximos de suburbanización más restrictivos.
- Densidades rurales ajustadas según criterios técnicos, ambientales y climáticos.
- Una metodología dinámica, que permitirá modificar condiciones en función de mejoras ambientales, restauración ecológica y avances en la gestión territorial.
Estudios técnicos y riesgos
Según la CAR:
- El 25,5 % del territorio presenta vulnerabilidad hídrica alta o muy alta.
- 15 municipios registran riesgo elevado asociado al cambio climático.
- 28 municipios muestran niveles de ocupación rural que afectan su capacidad de carga ambiental.
Estos indicadores reflejan la urgencia de implementar herramientas modernas de planificación para proteger la seguridad hídrica, la biodiversidad y la vocación rural de la región.
Protección del suelo rural y conservación
El acuerdo fortalece la protección de áreas agrícolas y de alta capacidad agrológica, fundamentales para la seguridad alimentaria. Entre sus alcances:
- Restricciones para evitar la suburbanización desordenada.
- Exigencia de que al menos el 70 % de los proyectos suburbanos se destinen a conservación y restauración de vegetación nativa.
- Reducción de topes de viviendas en suelo campestre: de 8 a 2 unidades.
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó: “El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo.”
La metodología fue construida junto al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, incorporando variables como vulnerabilidad hídrica, riesgo climático y presión sobre ecosistemas estratégicos.
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